Esta es una entrevista realizada por el medio de comunicación escrito El Divisadero, aquí el enlace directo.
María Francisca Yáñez comentó que la concesión no es algo seguro aún, pero aseguró que “las variables sociales están contenidas dentro del proceso”.
La presidenta del Directorio de la Empresa Portuaria Chacabuco desde agosto 2019, y directora desde 2018, María Francisca Yáñez Castillo (en la foto principal), se refirió a la controversia que ha generado el proceso de concesión de Emporcha, medida que es rechazada por parlamentarios, Gobernadora Regional y otras autoridades de representación popular.
En entrevista con diario El Divisadero, respondió esas inquietudes y entregó los argumentos técnicos que sustentan este mecanismo de concesión.
Hay una fuerte oposición regional al proceso de concesión de Emporcha, ¿qué le parece esa postura que incluye a parlamentarios y a la Gobernadora Regional?
“Como Emporcha tenemos claro que las opiniones diversas existan en procesos como éstos. Nos parece que es algo natural y que viene a enriquecer el debate. Cuando existen posturas variadas frente a un tema, esto sirve para informar a la ciudadanía de manera dinámica y oportuna sobre lo que está ocurriendo, y es muy válido, es importante sí que se haga con responsabilidad y conocimiento. Todo el proceso que ha conllevado la posible licitación de la empresa -que aún no es nada seguro hasta que no esté el fallo con las bases- es un proceso abierto y público frente al Tribunal de la Libre Competencia, que ha tenido la intervención de figuras como la Fiscalía Nacional Económica, y se ha hecho con mucha rigurosidad para resguardar los intereses del Estado y Puerto Chacabuco con su rol social. Lo que busca la licitación es concesionar las operaciones del puerto por 20 años para que se hagan mejoras operacionales y estructurales sustanciales, donde Emporcha seguiría existiendo y seguirá administrando los cinco puertos de conectividad en Melinka, Puerto Aguirre, Puerto Gala, Raúl Marín Balmaceda y Puerto Cisnes -los que no están incluidos en éste proceso-, supervisando todo lo estipulado en el futuro contrato.
“Estamos siguiendo el ejemplo y los aprendizajes de los puertos más desarrollados del país, quienes han encontrado sustento para su crecimiento en esta fórmula que permite sumar el mundo privado y público en pro de la conectividad regional y nacional”.
Quienes se oponen señalan que se trata de un proceso que se ha hecho con una clara mirada centralista y sin considerar opiniones regionales, incluso lo han tildado como un proceso poco transparente…
“Este proceso se ha realizado de manera transparente y pública. En variados medios portuarios se ha informado sobre el avance de los alegatos, y estos se han transmitido de manera abierta vía streaming. Por nuestra parte, nos hemos encargado de informar a nuestros trabajadores, a la comunidad local y principales autoridades sobre de qué se trataría el proceso en el caso de que se decidiera licitar. Hemos hecho esfuerzos de comunicación, pero entendemos que se generen preguntas y preocupaciones y, por lo tanto, todo esfuerzo se puede mejorar. Procurar tener una comunicación fluida con la ciudadanía y con quienes interactúen con el puerto es uno de nuestros objetivos principales. Por ahora estamos en el proceso para que, en base a las bases que el Tribunal entregue, se resuelva si se licita o no. Por ello, hasta el momento el proceso de concesión no es algo que podamos asegurar, y estamos trabajando en informar sobre de qué trata si se llega a concretar”.
¿Las variables sociales que argumentan quienes se oponen a la concesión tienen alguna cabida en este proceso o no se consideran?
“Las variables sociales están contenidas dentro del proceso y son la médula del proyecto: nuestro objetivo es mejorar el servicio y la conectividad de la región, donde la comunidad sería nuestro principal beneficiado con las mejoras. Como Emporcha en sí no desapareceremos, ya que estaremos supervisando todas las operaciones, y además como empresa pública del Estado nuestra prioridad es siempre, más en una región como la de Aysén, la conectividad y el abastecimiento de ésta. La gran diferencia estará en que pasaremos de un modelo multi-operado como lo hacemos hoy, a uno mono-operado, sin cambiar el modelo público-privado con que funcionamos. Todas estas variantes se cautelarán mediante el futuro contrato de concesión; así a las tarifas de conectividad se le asignarán valores máximos que no podrán ser modificados, siendo además permanentemente supervisados por nosotros, y así con todo lo que estipule el contrato”.
Se cree que en manos privadas podría haber un impacto adverso para la economía regional en todos los ámbitos, debido a un posible aumento de precios derivados del manejo que den los privados al tema tarifario. ¿Es así?
“Como señalé, esta es una figura que está contemplada para que no se dé de ese modo, porque se estableció un índice tarifario el que además fue revisado y aprobado por la Fiscalía Nacional Económica, un ente que combate prácticas como, por ejemplo, los monopolios. Con la concesión esperamos que se mejore la eficiencia en los procesos, en el rendimiento de los servicios y la conectividad. Esperamos que la experiencia del servicio entregada a los usuarios sea mucho mejor y que esto no comprometa un valor superior al que hoy existe. Convirtiendo a Emporcha en una empresa mono-operada creemos que esto es posible, lo que traería una mejor calidad en el servicio que le entregamos a la comunidad a mediano y largo plazo, afectando positivamente al desarrollo de Aysén”.
¿Cuál es la necesidad de concesionar Emporcha?, para que la comunidad pueda entender la razón de este proceso.
“Fundamentalmente tiene que ver con que las empresas portuarias del Estado no hacen inversiones en infraestructura ni en equipamiento. La posibilidad de concesionar brinda la posibilidad de que un privado pueda invertir en las instalaciones portuarias en beneficio del puerto, y en beneficio del Estado. Así podremos mejorar la infraestructura, mejorar la logística, la velocidad de transferencia y, por tanto, la calidad de servicio del puerto. Es por ésta razón que la necesidad de licitar es fundamental si queremos ver un desarrollo sostenido y sólido de Puerto Chacabuco en el tiempo”.
Si para este año se han proyectado utilidades por 500 millones de pesos, ¿cuál es argumento económico para sustentar el proceso de concesión y no mantener la empresa en manos estatales?
“Como lo expliqué antes, nosotros como empresa no podemos llevar a cabo grandes inversiones en infraestructura, las que hoy se hacen necesarias para mejorar la competitividad de Puerto Chacabuco. Es por esto que la intervención de un privado se hace necesaria para el beneficio de la región y la zona sur del país. La licitación es un proceso que mira al largo plazo, donde buscamos de aquí a 20 años mejorar nuestro puerto para que esté a un nivel competitivo relevante, cumpliendo con la demanda creciente y el desarrollo económico y social de Aysén”.
¿Qué le diría a los habitantes de Aysén que no están de acuerdo con este proceso?
“Me gustaría decirles que tengan la confianza de que la empresa portuaria está haciendo un gran esfuerzo precisamente para mejorar todas las actividades relacionadas con el abastecimiento y la conectividad, para optimizar la eficiencia de los procesos y el servicio que entregamos a nuestros clientes y usuarios, buscando ser líderes portuarios del sur austral de Chile. Por lo tanto, esperamos con este proceso potenciar a Puerto Chacabuco como un puerto con estándares de primer nivel en beneficio de toda la comunidad. Ese es el objetivo con que siempre hemos funcionado y la base de todas nuestras decisiones. Sabemos la importancia de Emporcha para la región, por lo que nuestro rol social será siempre el mapa de ruta para tomar nuestras decisiones”.
